Más de 200 personas se manifestaron ayer en Barrientos para escenificar su radical oposición a los recortes aplicados por el Gobierno central en las líneas de trenes en la provincia de León. Lo que en principio iba a ser una protesta por la merma en el servicio ferroviario, que afectará a unos 400.000 leoneses, se convirtió en un unánime clamor por la defensa del mundo rural y de sus gentes.
La manifestación de ayer, convocada en principio por los ayuntamientos de Valderrey y Santa Marina del Rey, congregó a cientos de personas venidas de Ponferrada, León, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Toral de los Vados, Bembibre, Torre del Bierzo, La Robla, Porqueros, Otero de Escarpizo, Nistal o Veguellina, entre otros.
También acudieron numerosos representantes políticos, principalmente del PSOE, encabezados por su secretario provincial, Celestino Rodríguez, y por la portavoz del partido en las Cortes de Castilla y León, Ana Redondo. También acudieron para apoyar la protesta el senador Ibán García del Blanco, el diputado provincial Joaquín Llamas, el alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral y los procuradores autonómicos leoneses Miguel Ángel Fernández Cardo y Ángela Marqués, además de los alcaldes convocantes, Gaspar Cuervo, de Valderrey, y Francisco Javier Álvarez, de Santa Marina del Rey.
Tras la marcha, que partió de las eras de Barrientos y concluyó en la estación, se leyeron testimonios de personas afectadas por estos recortes, que dejan sin parada a localidades como Villadangos, Otero de Escarpizo o Villavante, y que únicamente comunicará estos pueblos con León a última hora del día, lo que imposibilita a sus habitantes pasar la jornada en la capital para, por ejemplo ir al médico, a los colegios o sencillamente de compras.
«Es gente que necesita el tren para el sintrón, o para ir al colegio. Es gente muy mayor a la que se está obligando a coger el coche para poder ir a la capital», declaró Ana Redondo. La portavoz del PSOE en las Cortes denunció que estos recortes son una «privatización encubierta puesta en marcha por el PP dentro de un modelo que tiene como objetivo desmantelar los servicios públicos».
Redondo, que aseguró que ya trabaja para llevar este problema a las Cortes, puso de manifiesto que «la pelota está en el tejado del consejero de Fomento, Antonio Silván, que es quien tiene que ofrecer soluciones a la falta de comunicación de los pueblos, tan salvajemente castigados por los recortes». Por su parte, Celestino Rodríguez, instó al PP a que «no extienda más su política de imposiciones y se siente a negociar con los sindicatos y los afectados para buscar una estrategia de transporte público». En este sentido, insistió en que los recortes «han de aplicarse en los sectores privilegiados de la administración, como por ejemplo hizo el PSOE con los controladores aéreos, y no en los pueblos».
Por su parte, el alcalde de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez, aseguró que «los pueblos sin tren se mueren» y denunció que los recortes se están aplicando «unicamente con criterios económicos y no sociales». De igual forma se expresó el alcalde de Valderrey, Gaspar Cuervo, que defendió la implicación de la gente en esa reivindicación y apeló a la responsabilidad de los políticos para solucionar el conflicto.
El diputado provincial, y alcalde de Villaobispode Otero, Joaquín Llamas, teme que lleguen nuevos recortes, y aseguró que «Renfe quiere un tren inservible por motivos de rentabilidad».
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